Dentro del año 2020 todas las empresas deben iniciar con su proceso de facturación electrónica.
La nueva resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, reglamenta los próximos pasos para dar continuidad a la implementación de la factura electrónica en el país, así como el anuncio de los nuevos plazos del calendario para iniciar a facturar electrónicamente.
Las empresas de acuerdo a su actividad económica (Registro Único Tributario), no deben retrasarse en la implementación del proyecto de facturación electrónica, se recomienda anticiparse voluntariamente a la obligación (cumpliendo con las disposiciones que se señalan en los artículos 22 al 32 de la resolución), sobre todo por las numerosas ventajas al implementar el nuevo modelo.
El artículo 20 de la resolución amplía por cuarta vez los plazos para la implementación de la facturación electrónica. Para los obligados, el nuevo calendario señala que deben iniciar el registro y habilitación en el servicio informático electrónico de validación previa el 15 de mayo de 2020.
Dentro de la resolución 042, la DIAN fija una única fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, siendo ésta el 15 de mayo de 2020.
Los demás obligados, independiente de su actividad económica CIIU, el plazo para expedir factura electrónica está fijado entre junio 15, octubre 1 y noviembre 1 de 2020, de acuerdo al grupo al que pertenezcan (numeral 2 del artículo del artículo 20 de la resolución en mención).
Aquellos, que opten por tributar bajo el régimen simple de tributación, el plazo es de dos (2) meses, a partir de la inscripción a dicho régimen para adoptar el sistema de facturación electrónica.
La implementación de la facturación electrónica es un verdadero programa de transformación digital, tanto a nivel de procesos como funcional, basado en la estandarización, optimización y automatización procesal del ciclo de gasto y el ciclo de ingresos, promoviendo la desmaterialización de la relación existente entre las entidades y sus diferentes públicos, reduciendo los costos operativos y de transacción, asegurando una mayor confiabilidad y transparencia en todas las actividades del proceso.
